“INTERVENCIÓN EN FAMILIAS CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO”

Análisis del texto:

Besada, L. & Puñal, Mª Elena. (2012) Intervención en familias con menores en situación de riesgo. Revista IPSE-ds (Intervención psicosocioeducativa

en la desadaptación social), Vol. 5, 47-69.

Pódese descargar de: http://www.webs.ulpgc.es/ipseds/index5.html

“INTERVENCIÓN EN FAMILIAS CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO”

Anderson Alves Ribeiro.

 

 

 

 

“La persona pierde el dominio de si misma y se ve sometida aun control externo que asume como propio” Foucault.

 

 

 

Introducción

En leneas generales el trabajo en cuestión nos orienta en el sentido de que, responsabilidades del Estado con su pueblo esta siendo delegada de alguna manera a los servicios sociales del municipio con la determinación de que cada comunidad sea legitima para resolver las cuestiones que se plantean.

No obstante, son los municipios, o bien, cada comunidad, legitima para legislar en materia de derechos sociales, que al final recae sobre las familias locales, que mas necesitan o estén mas afectadas por la crisis o recortes sociales.

Por otro lado, se argumenta, en el texto, la posibilidad de las familias ejercieren un mayor control sobre las cuestiones básicas y problemas que están involucrados, minimizar las dudas, orientar cada componente de la familia en la eventual intervención.

Además, las autoras, comentan y hacen hincapié de los distintos programas y ayudas, que en el caso de Galicia, están disponibles a las familias.

La probabilidad de éxito, las cuestiones con los trabajadores en general, que están directamente ligados con las familias del programa, hace parte también de las explicaciones de las autoras.

Por ultimo, un concepto básico de logros y resumen de los programas en relación con las familias que solicitan o bien las que son intervenidas por algún tipo de información.

Seguidamente, cabe narrar, que las familias y los trabajadores son un conjunto, o sea, para la debida realización del programa, menester, que se realice un conjunto entre los dos, para el éxito del programa, que esta relacionado con la adecuación de las familias, en su recuperación, organización, reeducación, facilitando así, o mejorando la calidad de vida de las familias que están en dicho programa.

Argumentación

 

La problemática esta, cuando, las familias que son intervenidas por solicitud propia, son sometidas a “programas” de orientación familiar, como por ejemplo, reeducación familiar, podría ser cualquier programa, pero la cuestión que argumenta las autoras, en leneas generalas es la importancia del espacio físico, psicológico y humano de cada familia.

Del mismo modo, que los programas en conjunto con las familias y trabajadores sociales, están directamente ligados, el estado de manera coercitiva, hace con que la autonomía de cada familia este mermada, por dicho programa.

Al establecer “normas” conjuntas, pre establecidas por conductor del programa social, que a su vez, tiene la operación económica en reflejo de estigma, no cabe otra decisión de que aceptar la familia el dicho programa.

Además, la familia una vez dentro del programa establecido por el estado, este se ve vinculado, si o si, y la practica coercitiva empieza.

La sutileza del estado, hace con que la familia no pueda plantearse cambiar de localidad, cambiar de hogar, cambiar el país etc., una vez vinculado al programa social, se termina la posibilidad de cambio.

Uno hace lo que el estado determina, involucrarse en el programa, que por su ves esta direccionado a las familias que necesitan cambio, y que en las ultimas de cambio, lo único que no se hace es el tan soñado cambio.

A pesar de que las familias, una vez ingresada en dicho programa, se vea aliviadas por el tema económico, que es la mas frecuente en días actuales, y están saliendo a flote, pero las ayudas son así en todas las comunidades.

Igualmente, son los trabajadores en conjunto con las familias, que creo, las autoras, narran muy bien la franja tenue, que roza entre trabajadores sociales en general y familias, en ámbito que uno determina lo que se debe hacer el otro obedece, para permanecer en el programa, como titulo de ordenes, que se cumpla el programa.

Otro aspecto importante del texto, es cando las autoras determinan la cantidad de “sentimiento” que podría esbozar un trabajador social, el cariño que se podría tener mientras se trabaja en el programa con las familias, pero la argumentación mas explicita, es la que determina el agente social, o sea, quien debe poner limites.

Es demasiado la cantidad de tareas que un agente social orienta a las familias?…el contacto con las familias podría ser menos o menor? Una solución, podría ser bien dividir los trabajadores en grupos, para que no estén mucho tiempo con la misma familia, o bien marcar puntos específicos de encuentros, etc.

No obstante, las autoras recomiendan también, que la determinación de las familias, su voluntad, la opinión de cada familia y sus miembro, debería ser levado en cuenta.

Advierte, las autoras, en el sentido de una posible anulación de opinión o frustración de los familiares total o parcial, mientras que el trabajador social, podría ser llevado a una dirección del programa donde toda la responsabilidad de la familia recaería sobre el trabajador social, siendo uno miembro directo de la familia.

Una posible anulación de cualquier miembro de la familia, podría generar, un problema mas en el futuro de las familias intervenidas y por supuesto, un mayor desgaste para el equipo de trabajadores que intervienen.

Las teorías de la frustración de Sutherland, y la teoría del control social de Hirschi, están en su pleno labor en condiciones como estas, exponer una familia o sus miembros a riegos como estos, podría llevar a la dinámica, de conductas anti sociales, que estaría fuera del alcance del agente social, detectar a tiempo.

La cuestión esta muy clara, la preocupación de las autoras, fue una parte del texto que mas me impacto.

Puesto que, se una familia que esta en proceso de intervención, por lo motivo que sea, uno o mas miembro de esa familia, podría estar sufriendo mas o menos, me pongo a pensar en una familia, un ejemplo, una típica familia, con 5 personas.

Todos en situación de desempleo, hijos en la escuela, necesitan comer y ejecutar todas las tareas de una familia normal, la intervención llega como una solución, económica, no nos engañemos, en cima el padre pierde o esta mermando su condición de “padre” por las circunstancias que podría llevar o estar llevando a cabo el trabajador social, teniendo en cuenta que esta haciendo su labor, que esta allí para ayudar, pero en que momento se desprende la pregunta, en que momento sabe el trabajador social que esta pasando la barrera, de ayudar y meterse en la familia de lleno…

En contacto con el texto, las argumentaciones, son muchas, la obra es rica en contenido y detalles, las orientaciones son claras, pero la cuestión que mas me preocupa, es contestar la pregunta, cuando sabe el trabajador que no es miembro de la familia?

Sabrá, el trabajador social, diferenciar la cuestión cuando del termino del supuesto programa.

La gran mayoría de las familias que acuden, por voluntad propia, a los servicios sociales, es por cuestión económica, no la totalidad, como bien explicita en el texto, existe las intervenciones de reeducación, plan de preservar la unidad familiar, abordar el concepto de resiliencia, situación de riesgo social y en distintos ámbitos.

Las familias que sufren una intervención sin la solicitud, podría manifestar, puede, por denuncia; de la comunidad, servicios sociales, escuelas, policía, etc.

A esas familias, creo que la labor, seria aun mas dramático, por se existe el pedido de ayuda ya tendría un particular trabajo el agente social, pero sin el debido permiso de las familias, que criterio podría tener un miembro de la familia en cuestión.

Que autoridad sobre su familia podría tener un miembro de la familia se el estado interviene la familia.

Se la comparación de la problemática de cada familia es llevada en juicio de tela, podría ser que se este hablando de intervenciones distintas, que necesite si o se es urgente, pero que la cuestión que suscitan las autoras es de extrema urgencia de aprendizaje y de interesante debate.

Intervenir o no, la cuestión es, pierde el miembro o todos de la familia, el derecho de elegir que hacer con su familia y con sus vidas…

 

Conclusión

El debate es prometedor, pero no podría terminar mi humilde texto, sin antes explicitar mi opinión.

Creo que, en la obra dejo muy clara el poder del estado en relación a las familias, desde Montesquieu, Rousseau, Max, Engels, Nietzsche, etc.

Podría seguir con los pensadores que a mi mas me gustan, entre otros mas, Martín Luther King Jr., Mahatma Gandhi, Malcon X, mucho son los autores que decían del poder del estado y muchas personas escucharan y pocos entenderán, Foucault, muchos son… en aulas del profesor, es la primera vez que veo de cerca un antropólogo…

Bueno sin mas, me gustaría dedicar las ultimas leneas, a comentar en conclusión que, la obra, es de extrema docencia, no habla solamente de los programas para ayudar las familias en términos sociales, no habla solamente de cuestiones sociales, programas para los miembros de la familia, ayudar cada uno con sus responsabilidades, no habla solo del compromiso de los trabajadores sociales, creo yo, habla también del poder del estado, del poder de cada familia, que es un estado independiente, de cada miembro que es un estado independiente, habla de la fuerza de cada familia de cada miembro, de que si se puede cambiar las cosas, ayunque la crisis económica este rozando la barbarie social, que los políticos se dedican cada día mas a no hacer políticas, y que cada uno que se re-invente, que cada ser humano sea mas humano, creo que habla el texto, de una dimensión de cosas que se puede hacer con su libertad, cada familia, cada miembro de cada comunidad de cada estado, independiente, con una única finalidad, ser libre, feliz y pertenecer.

Basta creer. Resiliencia.

Bibliografía

Faitic:

Besada, L. & Puñal, Mª Elena. (2012) Intervención en familias con menores en situación de riesgo. Revista IPSE-ds (Intervención psicosocioeducativa

en la desadaptación social), Vol. 5, 47-69.

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Educación y castigo: El llamado “derecho de corrección”.

 Educación y castigo: El llamado “derecho de corrección”.

Anderson Alves Ribeiro, http://www.criminologiainvestigativa.wordpress.com

Borja Lorenzo Prieto, ailofdisgame@hotmail.com 

 

Resumen: En el presente trabajo se intentó averiguar las reales condiciones del derecho de corrección que se propone en el ordenamiento jurídico nacional, además de las reales sentencias que juzgan estos casos en la vida ordinaria. La realidad del texto legal supra comentado y las sentencias, no corroboran con la realidad efectiva de las personas, un derecho/deber de los padres, en vía jurídica se mezclan con el supuesto derecho/deber del menor. Creemos que el legislador, intento crear un vínculo positivo entre las dos versiones del derecho, pero que no logro entender la dinámica de la realidad familiar, deseamos todos que el derecho consuetudinario obre mejoras y el bon censo de las personas en juego construyan el derecho familiar con base en el amor.

Palabras clave: Derecho de corrección, menor, maltrato físico, familia, hijos, violencia ámbito familiar, exclusión de la punibilidad, cumplimiento de un deber.

Introducción.

El derecho de corrección de los padres sobre los hijos ha evolucionado considerablemente en los últimos años, han existido diversas reformas legislativas. La titularidad de la patria potestad, tiene como fin principal proteger a los menores desde el momento del nacimiento hasta que alcanzan plena capacidad de obrar, añadiendo el hecho de no perjudicar al embrión durante la gestación del mismo, ya sea por malos hábitos, consumo de sustancias toxicas y demás situaciones que pudieran alterar el desarrollo del embrión.

La persona o personas que ostenten la patria potestad deberán, según el Art. 154. 1 CC  “velar por sus hijos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral… los padres podrán, en el ejercicio de su potestad, recabar el auxilio de la autoridad”.

El hecho de corregir a un menor o persona, por norma general, implica cierto grado de violencia por parte de la persona que desea erradicar una actitud. Esta violencia no tiene por qué ser física directamente, sino que, se toman como algo normal las medidas de coacción (prohibir conectarse al ordenador), detención  ilegal (encerrarle en su habitación), tipificadas formalmente en el código penal, según los arts. 172, 620.2, 163 y 165. Claro está que en el CP también se verán reflejadas conductas físicas; de lesión o de maltrato de obra en los arts 147, 617.1 y 617.2.

Según el art. 20.7 CP se entiende que te exime el hecho de  si se estuviese cumpliendo un deber o ejercicio legítimo, como en este caso es el de educar, de la forma más conveniente posible.

Debemos entender el contenido del derecho de corrección y su mecanismo, para permitir comprender que los padres cumplan con sus responsabilidades de formar y educar adecuadamente a sus hijos, buscando siempre su bienestar y el respeto a su integridad física y moral.

       I.            Objeto del derecho de corrección.

Dentro del derecho de corrección diferenciamos por un lado los menores de edad no emancipados sujetos a la patria potestad, y por otro lado los sujetos activos, los padres, que ejercen la patria potestad, está fundada en una relación de filiación, cualquiera que sea su naturaleza (matrimonial, no matrimonial o adoptiva) más que un poder es una función establecida en beneficio de los hijos menores, ejercida por ambos progenitores de forma simultánea, cuyo contenido está formado más por deberes que por derechos.

La patria potestad tiene carácter social, transciende del ámbito privado y hace que su ejercicio se constituya en obligatorio, imprescriptible y con un carácter irrenunciable.

Los actos de violencia suelen dirigirse hacia las personas más vulnerables del entorno familiar. Los especialistas de la materia hacen referencia a tres grupos de víctimas bien diferenciadas: la mujer, el menor y el anciano. Estos tres grupos tienen protección penal mediante el artículo 153 CP, que señala como sujetos pasivos a “quien sea o haya sido su cónyuge o persona que esté o haya estado ligado de forma estable por análoga relación de afectividad, hijos propios o del cónyuge o conviviente, pupilos, ascendientes o incapaces que convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho”.

Sin embargo, antes de abordar la relación entre el delito de violencia familiar y el derecho de corrección es preciso determinar si los diferentes actos aislados de violencia, bofetadas, azotes, amenazas, coacciones, que integran la nota de violencia habitual pueden estar amparados por el derecho de corrección.

Por tanto, en primer lugar, hay que adoptar una posición respecto a la justificación de un sólo acto de violencia para, posteriormente, determinar si es posible justificar el conjunto de esos actos, es decir, si el delito de malos tratos habituales en el ámbito familiar pudiese, en algunos casos, estar amparado por el derecho de corrección.

    II.            Límites del derecho de corrección.

Existen diferentes redacciones del Código Civil español, por lo tanto diferentes acordes entre la doctrina y juristas, entre los psicólogos y educadores sociales, que en un primer entendimiento, el artículo 154 reconocía a los sujetos pasivos “la facultad de corrección y de castigo dentro del ejercicio de la patria potestad”.

El derogado artículo 154 en su último párrafo establecía que los padres, en el ejercicio de su potestad podrán “corregir razonablemente y moderadamente a sus hijos” discrepando con algunos ordenamientos.

El entendimiento mayoritario era que tratar a los hijos con dureza excesiva supone un abuso o un exceso del derecho de corrección y que dicha actitud provocaría la privación de la patria potestad, por ser contrario a la concepción que recoge el Código Civil.

El artículo supra citado fue modificado por la Ley 54/2007, de Adopción Internacional, dejando la redacción de la siguiente manera “Los padres podrán, en el ejercicio de su potestad, recabar el auxilio de la autoridad” eliminando de esta forma, las contradicciones con el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Nos cabe el entendimiento que antes la ley no daba protección a los padres en el sentido de que la violencia está amparada por un derecho de la patria potestad, no se legitimaba una agresión de un padre a un hijo, al igual que tampoco se hace ahora, pero que una corrección mediante un azote sea constitutivo de un delito de violencia domestica regulado en el artículo 153.2 Código Penal, es algo que la actual ley intenta dirimir.

Se cuestiona, aquí en el presente trabajo, conforme al art. 154 CC, que los padres tienen un derecho de corrección hacia sus hijos, encontrándose este en conexión con el deber de los menores en obedecer a sus padres recogido en el art. 155 CC.

Un planteamiento o bien algunas preguntas que el derecho actual debería responder, son, ¿Cuál debería ser el límite de corrección de los progenitores o tutores respecto de sus descendientes o personas tuteladas? ¿Existe en el ámbito de la patria potestad algún límite en cuanto al derecho de corrección? ¿Hasta qué punto el llamado derecho de corrección de los padres sobre sus hijos puede justificar una conducta? ¿Cuál es el punto de conexión entre el defecto y el exceso en la corrección de los menores? ¿Qué conductas son merecedoras de unas sanciones penales y cuáles no?

En sentencias que se publican en relación a ese contenido, no son pocas, y que aquí hago un paréntesis, para declarar que si existen sentencias, existen casos de violencia que salen a la luz deseando el amparo de la justicia, y algunas sentencias les exponemos a continuación.

Cabe destacar el ámbito penal, la L.O. 11/2003, reforma el Código Penal, elevando a delito lo que anteriormente se consideraba falta en cuanto al derecho de corrección dentro del ámbito familiar.

Posteriormente, la L.O. 1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia de género, introduce una modificación dándole la actual regulación al art. 153 CP.

Tanto la doctrina como la jurisprudencia penal, antes de las reformas en materia de violencia doméstica, consideraban que el derecho de corrección no era aplicable al delito de violencia habitual, en el ámbito doméstico o familiar, recogido en el antiguo art. 153 C.P. y actual art. 173 del mismo, por tanto, la violencia habitual quedaba fuera del ámbito del “derecho de corrección”, ya que no persigue ninguna finalidad educativa.

El cambio en algunos aspectos de la ley o la no intervención del Derecho Penal puede fundamentarse de dos maneras distintas: como un problema que afecta a la tipicidad o como un problema que afecta a la antijuridicidad.

En efecto, para un sector de la doctrina algunas de esas lesiones son de tan escasa entidad que carecen de la mínima “significación social” para afectar al bien jurídico. Por tanto, para ese sector doctrinal, esas conductas paternas se excluirían del tipo en base al principio de insignificancia, ya que “la causa de exclusión del injusto penal que supone el privilegio educativo-corrector de los padres es la que mejor se ajusta a la considerable disminución del injusto de las conductas en casos de un castigo corporal moderado por un motivo fundado y con finalidad correctora educativa”.

Esto es, “unas simples bofetadas aisladas propinadas a los hijos, menores o incapaces por los titulares de la patria potestad, tutela o guarda” no supondrían la realización del tipo de malos tratos o de lesión.

Sin embargo, para la mayoría de la doctrina los actos aislados de violencia hacia los hijos con un fin educativo están prohibidos por el ordenamiento jurídico penal, pero pueden estar justificadas por el ejercicio legítimo de un derecho, en particular, por el derecho de corrección.

Si se utiliza violencia para corregir a los hijos no es posible negar la tipicidad cuando la propia Ley penal ha configurado un tipo que en su totalidad describe una conducta insignificante.

Un simple empujón, un golpe, una patada, o causar erosiones, aunque son conductas insignificantes (bagatelas), son típicas de la falta de lesiones o de malos tratos.

Además, el legislador considera que esa conducta tiene un mayor contenido de injusto si los sujetos (activo-pasivo) son “algunas de las personas a las que se refiere el artículo 153 CP”, ya que prevé una sanción más grave.

En estos casos entendemos que no se puede alegar el principio de insignificancia por las dos razones indicadas, porque el legislador considera que son dignos de protección penal conductas de escasa entidad al tipificar las conductas constitutivas de falta en el Libro III del Código Penal y, además, porque las lesiones causadas a un integrante del núcleo familiar contienen mayor contenido de injusto que las causadas a un extraño.

Por consiguiente, entendemos que alegar el principio de insignificancia para excluir la tipicidad de los daños causados a los hijos cuando son corregidos por sus padres no es acertado.

A nuestro juicio, la cuestión a tratar sería otra, en concreto: habrá que determinar si algunas conductas paternas, lesiones, amenazas, coacciones, malos tratos- constitutivas de infracción penal que se emplean en la corrección de los menores pueden estar justificadas por el ejercicio legítimo de un derecho, esto es, por el derecho de corrección.

Cabe colacionar aquí un argumento que bien explica el expuesto y nos orienta en algunos de los aspectos contradictorios de la ley en cuestión.

El argumento de Miguel Díaz y Garcia Conlledo en su artículo “La corrección de los padres a los hijos: consecuencia jurídico-penales de la reforma del art. 154 del Código Civil”:

“El art. 20.7* CP reconoce expresamente una causa de justificación que exime de pena al “que obre en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo”. Si bien aisladamente se ha defendido la existencia de un deber de corregir a los hijos o, más bien, de un derecho-deber, el proprio tenor del anterior art. 154cc, en que se basaba la existencia de ese deber, o en su caso, derecho de corrección, rezaba “podrán”, lo que no parece indicativo de un deber, sino más bien de una facultad de los padres (así además parecía indicarlo la inicial referencia a deberes y facultades y el contenido de los que se señalan posteriormente). Parece normal además que no se imponga a los padres, pues puede no ser necesario, el deber de acudir a la autoridad o de corregir razonable y moderadamente a sus hijos, si bien es verdad que la facultad se relaciona con el deber de educar a los hijos. En todo caso, parece claro que no existe ni ha existido un deber de corrección violenta.”

No va ser la última vez que iremos citar el autor arriba nombrado, es de importancia sus aportaciones, para el supuesto practico, además de su artículo no hace referencia con estudios corroborados en Alemania y España.

La cuestión no es fácil, tampoco el entendimiento jurídico nos hace más claro, además de que el entendimiento sea mayoritario en el sentido de que la violencia no genera educación, tampoco debe el derecho “quitar” el derecho/deber de los padres en cómo debe ser la educación prestada para sus hijos.

Además de la normal discusión, seguiremos añadiendo datos e informaciones jurídicas para una mejor comprensión.

La división doctrinal era en referencia al art. 617.2 C.P, una parte de la doctrina consideraba que esas conductas estaban amparadas por el derecho de corrección, aplicándose en este sentido el art. 20.7 C.P, “obrar en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo.”

De esta manera, se discutía que la violencia leve llevada a cabo de forma aislada y cuya finalidad era correctiva o bien educar, que debía amparase por el derecho de corrección, atendiendo en todo momento a los métodos utilizados para educar, porque si no, se llegaría a penalizar a los padres por una corrección no constitutiva de delito (eje.: un azote).

Por el contrario, y ahora viene la confusión, otra parte de la doctrina considera que aquellas conductas aisladas constitutivas de falta, (que ahora son crimen), forman parte del ius corrigendi, o el derecho de corrección, porque el sobrepasar los límites al establecidos por ley y la indefensión de los menores, no persigue fines educativos, ya que no es necesario un acto violento para la corrección de sus hijos.

Por tanto, no se aplicaba el art.20.7 C.P, entendiendo en tal sentido, un injustificado ejercicio del derecho de corrección, al considerar que hay un exceso por una falta de proporcionalidad, entre los hechos y los medios utilizados para la obtención de un resultado corrector.

En el caso del ejercicio del derecho de corrección de los padres es imprescindible que el interés superior sea el educativo en detrimento de otros intereses como la integridad o la libertad del hijo o tutelado, ya que si el fin educativo no es superior al que se vulnera no estarán justificadas las acciones típicas realizadas por el padre.

Esto es, no toda finalidad educativa justifica una infracción penal, únicamente cuando la “salvaguardia del correcto e integral desarrollo del menor” sea el interés preponderante.

Como bien describe el autor supra citado:

“En mi opinión, el problema se puede resolver satisfactoriamente acudiendo a la categoría de las causas de exclusión de la tipicidad penal, tal y como las concibe entre nosotros Luzon Peña. Este autor distingue, dentro de las causas de atipicidad en sentido estricto (es decir, aquellas que no incluyen las causas de justificación), aquellas que excluyen ya el tipo indiciario de aquellas otras que excluyen la tipicidad o el injusto penal, que son las que aquí nos interesa.”

Puede parecer o bien, es un poco fuera de lo normal, que leyes de protección del menor, este vinculadas o en constancia shock con los deberes de los padres.

Al parecer el legislador quiso limpiar las manos, por lo menos parece, retirando la parte final del precepto legal en discusión, para lograr que la violencia se detuviera.

Además se hacerlo, la retirada del precepto legal, adiciono al mismo, una parte que dejaría en el “aire” el entendimiento ajeno, o jurídico, como debería los padres educar sus hijos y como debería entender los juristas las acciones de educar con o sin violencia de los padres a los hijos.

El autor del artículo supra citado nos brinda con una ilustración de su texto, que nos enriquece el entendimiento, veamos:

“Pues bien, precisamente creo que lo que concurre en los supuestos de corrección violenta razonable y moderada es precisamente una causa de exclusión de la tipicidad. Enseguida veremos cuál y por qué. De este modo la conducta violenta corretora será (civilmente) antijurídica, pero no constituirá delito, con lo que se consigue la que parece ser la política deseable en la materia: se envía el mensaje de que están prohibida legalmente la violencia en la educación y, por lo tanto, debe realizarse una educación sin violencia, pero, a la vez, no se criminalizan en exceso las relaciones familiares.”

En otras palabras, educar si, pegar no, pero que se tiene que pegar, vale, pero no te pase, te estaremos vigilando…creo que es ese el mensaje del legislador que no supo lidiar con la contienda y paso la responsabilidad para lo judiciario al interpretar la norma, a os padres el deber de educar sin violencia, o moderada, y así estar, el Estado en contento con las políticas exteriores de carácter internacional.

Otra autora que nos ayudara en el presente trabajo, Carolina Bolea, en su artículo, “En los límites del derecho penal frente a la violencia doméstica y de género”, nos orienta en el sentido que el legislador o pretendió con la nueva aplicación del precepto legal en discusión, veamos.

“Todo ello nos lleva directamente a la cuestión de la discriminación positiva. En términos generales la discriminación positiva es adecuada cuando se trata de políticas dirigidas a mejorar la calidad de vida de grupos desfavorecidos. Se trata de intentar igualar la situación de quien está en desventaja. Ahora bien, en la ley integral se contienen medidas que comportan directamente un perjuicio para los hombres. En el ámbito de la justicia, y del derecho penal, no hay desequilibrio, de manera que cualquier medida que tienda a favorecer a un grupo de personas, supone el prejuicio directo para los que queden fuera. No es discriminación positiva sino una medida irrazonable la de castigar más idénticos comportamientos si el hombre es quien los realiza. E igualmente irrazonable es crear juzgados solo para mujeres, es decir, de cuantas ventajas no pueden beneficiarse los hombres pese a que se hallen en la misma situación objetiva.”

Es muy importante resaltar que la autora en su artículo expone una relación de violencia de genero realizada por hombre en relación a  la mujer y las cuestiones del hijo no se ve reflejada en lo narrado arriba, no en tanto es de curiosa labor que la justicia, como describe, es para todos y su “intención” es amparar a grupos más necesitados.

La jurisprudencia penal, posterior a la reformas del Código Penal, ha continuado entendiendo que no procede la causa de justificación del derecho de corrección, si hay lesiones, si se golpea con algún objeto, si existe una primera intervención médica, si no persigue el ánimo de corregir o educar, así como si hay desproporción o extralimitación.

La doctrina, casi de forma unánime, ha entendido que la corrección es un derecho-deber ligado al derecho-deber de educación. Es por ello, que los padres tienen que tener instrumentos y apoyos jurídicos para cumplir sus deberes y ejercitar sus derechos.

 III.            Ambigüedad del derecho de corrección.

Se reconoce cierta autoridad para criar a un hijo sin una interferencia inapropiada del uso de la fuerza, violencia, o aquella decisión o acción del padre que implique un riesgo en el niño.

De alguna manera, con las reformas civiles y penales lo que se ha intentado hacer es eliminar el derecho de corrección, no justificarlo para que no existan consecuencias jurídicas derivadas de estas actuaciones, y así a los padres se les permita amparase en un posible castigo físico al menor legalmente reconocido, pudiendo encontrarnos con actuaciones en el derecho de corrección que pueden considerarse un ilícito civil, pero ser ajustadas a Derecho en el ámbito penal.

Así mismo resulta difícil concluir que castigos violentos de los padres para los hijos, en virtud de una educación, o bien con la defensa de un derecho amparado por la patria potestad, no sea declarados como crimen, la educación no se fomenta con la violencia.

Como recordaba Rodríguez Devesa, “…este derecho no puede ejercitarse nunca inmoderadamente y no puede por menos de verse una falta de moderación en el hecho de que, a consecuencia de la corrección, la victima padezca una lesión o mutilación.”

Tenemos por tanto, unas normas que si se aplican en sentido estricto producen resultados absurdos o negativos y si no se aplican no se consigue la finalidad deseada por el legislador.

El derecho de corrección puede definirse como el derecho de los padres a castigar moderadamente a sus hijos menores de edad con un fin educativo en el ámbito de la relación familiar. Esta facultad de los padres, dentro de la función de educación, no es ilimitada, ya que debe ejercerse de manera responsable. Para calificar un castigo de moderado o de proporcionado es preciso atender a las normas sociales, culturales, el momento histórico y la edad del menor. Sobre la base de todos estos elementos, a nuestro juicio, las conductas constitutivas de delito nunca podrán tener la consideración de moderadas. Sin embargo, las conductas constitutivas de falta que sean consideradas en nuestro contexto social como medios idóneos para educar son moderados y, por tanto, pueden estar justificadas por el derecho de corrección. De no justificarse estas acciones de carácter leve se llegaría al absurdo de movilizar al Derecho Penal por cada bofetada motivada por un comportamiento incorrecto del menor.

Los actos leves de violencia en el ámbito doméstico realizado por un adulto hacia un menor de edad con un fin educativo, siempre que sean moderados o proporcionados, no pueden tenerse en cuenta para integrar la nota de habitualidad del delito del artículo 153 CP, estarán justificados por el derecho de corrección. Por este motivo, el delito de violencia habitual en el ámbito doméstico estará integrado por todos aquellos actos individuales de violencia sobre un menor de edad que no persigan el fin educativo o que, persiguiendo este fin, no sean moderados ni razonables.

En definitiva, si los actos individuales de violencia no están justificados deben integrar el delito del artículo 153 CP, pues, en este caso, son  acciones u omisiones gratuitas de violencia hacia un menor.

 IV.            ¿Qué dicen los Tribunales?

Una vez que el legislador estatal adopta en 2007 la decisión de suprimir la facultad o derecho de corrección de los padres, legalmente establecida en el artículo 154 del CC, se han reflejado consecuentemente en la jurisprudencia sobre el tema, que apunta a una vía cada vez más restrictiva hacia la violencia contra los menores.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Jaén 10/2009, de 22 de enero, estima, queriendo establecer una clara diferenciación entre un acto violento, de escasa relevancia por su insignificancia, de aquellos otros que si tienen o ha de tener repercusión en el ámbito penal, que “…en el caso de autos no se trata de una simple bofetada, sino de varios actos de violencia, que aún motivados por una previa conducta agresiva del menor, dejan incluso huella en su cuerpo, lo que indica el uso de una fuerza superior al mero azote que por su intrascendencia, estimamos, no merecería tal reproche penal..”, continúa la misma sentencia en su FD segundo “…el simple hecho de golpear al niño ya incardina la conducta de la acusada en el tipo penal…los actos de la acusada fueron intencionados y no imprudentes o faltos de cuidado, por más que su objetivo fuera el de reprender al niño su conducta, constituyendo actos de agresión física…” “…En el caso de autos no puede apreciarse la concurrencia de tal eximente (la del artículo 20.7º del CP), pues debe convenirse que la facultad que contenía el artículo 154 in fine del CC hasta la reforma operada en virtud de la Ley 54/2007, de 28 de diciembre de Adopción Internacional que la suprime, se limitaba a la de corregir razonable y moderadamente a los hijos, manteniéndose únicamente la de recabar el auxilio de la autoridad, sin que pueda admitirse que alcanzara el castigo físico ni al uso de la violencia, pues corregir no equivale a agredir, maltratar o golpear.”

En la misma línea, se pronuncian otras sentencias, entre otras la Sentencia 31/2009 de la Audiencia Provincial de Ciudad Real (Sección 2ª) de 23 marzo “el derecho de corrección, que vemos ha sido incluso suprimido como tal derecho en el Código Civil, no autoriza ni alcanza la utilización del castigo físico, sin que el hecho de que en algunos supuestos de insignificancia de la acción, como un cachete o un simple azote o una simple bofetada sin intención alguna de producir un menoscabo físico por su levedad y que no causan lesión propinadas con intención de corregir un comportamiento insolente, violento o agresivo por parte del hijo menor que hace proporcionada tal acción, no merecen reproche penal,…justificándose la absolución en la impunidad del hecho por aplicación del principio de intervención mínima”.

    V.            Perspectiva socioeducativa.

Es muy común haber sido testigos de ciertas situaciones de castigo: la madre que le da una bofetada a su hijo intentando frenar su rabieta porque no le quiere comprar algo, el padre que zarandea a su hija cuando le ha visto pegar a otro niño, el adolescente al que se le “levanta la mano” por contestón.  El cachete o “quitarse la zapatilla” son escenas que, por desgracia, se hace cotidianas en nuestras vidas. Muchas personas de este país aceptan este grado de violencia para conseguir su propio fin de la forma más rápida y eficaz posible, pese a que tras el uso de estos tipos de castigo se pueda encontrar cierto resquemor en uno mismo por haberlo hecho.

Se debe tratar de educar sin violencia, desde el amor. Se sabe que mucha gente ha sufrido castigo físico alguna vez en su vida y no se le nota ningún tipo de trastorno por ello, pero el  riesgo de producir un daño emocional a los niños y niñas nos obliga, como padres y como sociedad, a buscar una alternativa. Es una alternativa basada en el amor, en el afecto, en dar lo mejor de nosotros mismos para que nuestros menores actúen en base a ese afecto. La educación desde la corrección por medio de castigos se ha trasmitido a través de las generaciones, pero eso no la hace válida.

Se puede equiparar esta situación al trato que se les daba a las mujeres hace unos años, que poco a poco este cambiando. Pero ese cambio es responsabilidad de la sociedad. Es esta la que debe de actuar y fundamentar el cambio desde el legislador hasta los ciudadanos, se debe cambiar esta metodología de enseñanza.

Existen variedad de justificaciones por parte de los progenitores/educadores por el cual ejercen este tipo de castigo: porque lo consideran oportuno para la educación de sus hijos, por descargar sus nervios, porque carecen de recursos suficientes para afrontar una situación o de estrategias para conseguir lo que quieren, porque no definen bien las situaciones sociales en las que las emiten, porque no se controlan emocionalmente…

La corrección de los menores por medio de estas medidas produce efectos negativos en el desarrollo de los niños y niñas. Enumerando alguno de ellos, podemos destacar: el daño a su autoestima, generando sensación de minusvalía y promoviendo expectativas negativas respecto a sí mismo; les enseña a ser víctimas. Hoy en día sabemos que no sólo no les hace más fuertes, sino más proclives a convertirse repetidamente en víctimas; la interferencia en sus procesos de aprendizaje y en el desarrollo de su inteligencia, sus sentidos y su emotividad; no aprende a razonar. Al excluir el diálogo y la reflexión, dificulta la capacidad para establecer relaciones causales entre su comportamiento y las consecuencias que de él se derivan; se crean sentimientos de soledad, tristeza y abandono; se cambia su forma de ver la vida, a una visión negativa de los demás y de la sociedad; se dificulta el vínculo paterno filial, lo cual impide la comunicación padres – hijos y daña los vínculos emocionales creados entre ambos; se les crea sentimientos de rabia; y, lo que para nosotros es lo peor, engendra más violencia. Enseña que la violencia es un modo adecuado para resolver los problemas

No solo los menores sufren, si no que en los padres se puede generar alguno de estos sentimientos: ansiedad y culpa, incluso cuando se considera correcta la aplicación de este tipo de castigo; aumenta la probabilidad de que los padres muestren comportamientos violentos en el futuro en otros contextos, con mayor frecuencia y más intensidad; y, aparece una necesidad de justificación ante sí mismo y ante la sociedad.

La familia es el eje principal por la cual se mueve el ser humano y resulta imposible que no existan efectos negativos en la sociedad debido a este tipo de educación, hablamos de que: el castigo físico aumenta y legitima ante las nuevas generaciones el uso de la violencia en la sociedad; genera una doble moral. En la cual a los menores se les puede pegar y a los adultos no; promueve modelos familiares quebrados, sin comunicación entre sus miembros, divididos, no integrados en la sociedad y en conflicto con la igualdad que defiende la democracia; se dificulta la protección de la infancia. Al tolerar estas prácticas, la sociedad queda deslegitimada ante los niños y niñas como un ámbito protector; y, se educan ciudadanos sumisos que han aprendido en sus primeros años de vida que ser víctima es una condición natural.

Educar es un proceso que tiene como objetivo formar a la persona, enseñarle a vivir y a convivir. Para ello, la educación contempla distintos aspectos: adquirir conocimientos, desarrollar valores, participar activamente en la comunidad, adquirir un criterio propio y responsabilizarse de las decisiones y comportamientos personales, enseñar a vivir sanamente, reconocer, comprender y saber expresar  emociones y afectos.

Somos seres sociales y, es por esto que las personas necesitamos disponer de una serie de normas que nos permitan vivir con los demás. Estas normas deben enseñarse desde que nacemos y deben ir fundamentándose con el paso del tiempo. A partir de ellas no sólo se regulan los comportamientos permitidos o censurados sino que se les ofrece a los niños una serie de elementos de contención que les permiten dar estabilidad y coherencia al mundo social en el que viven. Para un niño la figura de los progenitores o educadores son un elemento clave a seguir, con esto nos referimos a que los menores verán como algo “normal” toda aquello que vieron en su casa y si fueron educados mediante castigos psicológicos o físicos vejatorios posiblemente aprenderán de ello y según vayan creciendo utilizaran los mismos comportamientos en su vida, en su día a día.

En ocasiones se piensa que el castigo físico es necesario porque no hay otros procedimientos para generar disciplina, pero se sabe que no es así. Esto es un razonamiento equivocado. Hay  formas de enseñar normas mediante el amor, pero para esto hay que cultivarlo desde dentro, se necesita un mayor grado de paciencia y mejorar la autoestima para evitar caer en la fácil, cómoda y rápida solución que nos puede llegar a dar el castigo físico, sabemos que esto es algo difícil de conseguir y más aún en la sociedad en la que nos movemos en la que se busca el beneficio propio a la mayor brevedad posible, pero no nos damos cuenta de que nos reporta mayor satisfacción aquello por lo que tenemos que luchar para conseguirlo. La instrucción y el diálogo han de ser norma en las relaciones familiares. El educar puede exigir en algunos momentos la corrección, para formar hombres respetuosos, éticos y educados para una sociedad civilizada, pero no a través de la violencia. La solución podría encontrarse en la posibilidad de adoptar medidas alternativas, y así poner fin a la violencia o castigos de los padres mediante intervenciones de apoyo educativo, asesoramiento a familias, etc., y no solamente a través de medidas punitivas.

Una buena y clara reflexión del autor, Miguel Díaz y García Conlledo, en su artículo arriba narrado, nos orienta:

“En todo caso y partiendo de lo deseable de una educación sin violencia, dejo a modo de reflexión final la de si las correcciones violentas moderadas suponen para la educación de los hijos algo más grave que el tan frecuente (aparcamiento) de estos frente al televisor durante horas para que no den lata, o una educación ultra permisiva en que el menor no conoce límites a sus deseos de actuación y de posesión de bienes materiales, con la desaparición de un mínimo principio de autoridad y una filosofía que resalte la necesidad del esfuerzo para educarse.”

 VI.            Conclusión.

Sea cual sea la justificación que se dé al derecho de corrección, los efectos que produce son los mismos. El castigo físico hace daño a todos. La erradicación de este tipo de conducta es una obligación ética, jurídica y social. Enseña desde la perspectiva del miedo y la sumisión, mermando la capacidad de los niños y niñas para crecer como personas autónomas y responsables.

Pegan los hombres y las mujeres, las personas de distintos medios económicos o sociales. Las autoridades religiosas, políticas y judiciales se han mostrado a favor del castigo físico en distintas ocasiones. Esta aceptación social se refleja también en el lenguaje. Todos los idiomas tienen frases como “una torta a tiempo” o “un buen azote” que demuestran que se trata de un recurso que se da generalmente por bueno y no sólo a nivel popular. Los argumentos populares consideran que todos lo hemos vivido y no nos ha pasado nada, considerándolo como algo inherente a determinadas culturas. Ya mencionábamos antes la doble moralidad de que agredir a los adultos se considera un delito, pero hacerlo con los niños y niñas se acepta como un derecho de los padres, como una forma de legitimar su autoridad, de encauzar y “hacer fuertes” a sus hijos.

Afortunadamente, ante el castigo físico basta con la convicción y el compromiso de los padres de una generación para alterar de forma radical este panorama. Por ello es fundamental contar el apoyo de ciudadanos, padres y madres, miembros de asociaciones, ONGs, sindicatos u organizaciones políticas, de la sociedad en general.

La educación es un proceso evolutivo, es un hecho comprobado que desde que los primeros hommo sapiens poblaron la tierra tenían comportamientos violentos entre unos y otros, pero desde aquí creemos que la misma evolución ha de servirnos como justificación de que un cambio es posible. Erradicar la violencia de la televisión y medios de comunicación, en la cual muchas personas pasan las horas atrapados por la pantalla. Crear soluciones de los conflictos mediante la comunicación, sin la necesidad de continuar con las guerras. Nuestra educación es algo que va más allá de lo que podamos pensar, consiste en un cambio global, en donde no existan conflictos armados. Pero hasta entonces… los educadores han de adaptarse a las necesidades y capacidades de los niños y niñas en cada etapa. Entre los educadores y los niños y niñas no se deben establecer relaciones de poder, sino vínculos de respeto y promoción de la autonomía.

Save the children en una de sus campañas para erradicar el castigo físico nos dice:

“En nuestro país, que ha ratificado la Convención en 1990, obligándose a cumplir con lo establecido en la misma, el Código Penal sanciona explícitamente todo tipo de violencia ejercida contra los niños y niñas. Por tanto, se considera que el castigo físico no es legal. El Código Civil, sin embargo, no es lo suficientemente contundente al respecto.  La definición del castigo físico como delito que se encuentra en el Código Penal, es útil, pero no es lo más importante. Con vistas a dar una dimensión más educativa, que permita cambiar hábitos y actitudes, resulta fundamental que el Código Civil contemple la prohibición explícita del uso del castigo físico en la familia.”

La ley tiene en sí misma un efecto educativo, puesto que constituye aquello a lo que todos debemos aspirar, pero también, desde el derecho penal se da cabida a un sistema basado en la violencia, en la coacción. Los jóvenes pueden entender de este sistema, que un conflicto, mediante la violencia institucional puede ser resuelto. Su misión, por tanto, no es sólo castigar, sino educar y prevenir. Tenemos que ser capaces de enseñar desde el respeto y la convivencia. Un cambio en la legislación vigente es siempre fruto de un cambio en las actitudes de la sociedad, pero este cambio en la ley hace más fácil el cambio en las actitudes de todos los miembros de la sociedad.

Acabamos con una conocida cita de Juan Carlos Carmona:

“Si un niño vive con hostilidad, aprende a  pelear.

Si un niño vive con el ridículo, aprende a ser  tímido.

Si un niño vive avergonzado, aprende a  sentirse culpable.

Si un niño vive en la crítica, aprende a  condenar.

Si un niño vive en la tolerancia, aprende a  ser paciente.

Si un niño vive estimulado, aprende a tener  confianza.

Si un niño vive con equidad, aprende a ser  justo.

Si un niño vive en seguridad, aprende a tener  fe.

Si un niño vive con aprobación, aprende a  quererse a sí mismo.

Si un niño vive con aceptación y amistad,

¡aprende a encontrar el amor en el mundo!”

VII.            Bibliografía.

BOLDOVA PASAMAR, M. A: ¿queda algo en el derecho de corrección de los padres a los hijos en el ámbito penal? Revista de Derecho Penal y Criminología, 3ª Época, nº 5 (2011)

BOLEA BARDON, C: En los límites del derecho penal frente a la violencia doméstica y de género. Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminológica. (2007)

DE TORRES PEREA, J. M: Reforma de los arts. 154 y 268 CC: El derecho del menor a una educación libre de toda medida de fuerza o violencia (1). Diario La Ley, Nº 6881, Sección Doctrina, 12 Feb. 2008, Año XXIX, Editorial LA LEY.

DIAZ Y GARCIA CONLLEDO, M: la corrección de los padres a hijos: consecuencias jurídico-penales de la reforme del art. 154 del Código Civil. Revista penal, nº 26. Julio (2006)

Pesquisa de internet: http://www.savethechildren.es/cen_doc.php

Los autores,

Anderson Alves Ribeiro, Licenciado en Derecho por la Unicsul, SP/ Brasil, Expert Universitario en Criminologia UNED, Madrid, España, creador del blog http://www.criminologiainvestigativa.wordpress.com

Borja Lorenzo Prieto, Educador Social y trabaja en un centro de acogida de menores,

Ambos son estudiantes del Máster Universitario en Menores en Situación de Desprotección y Conflicto Social en la Universidad de Vigo, Galicia, España

¿Perversión o autenticidad?

¿Perversión o autenticidad?

¿Los niños en la escuela estudian literatura porque están interesados en conocer las experiencias vitales de gente como Unamuno, Pla o Shakespeare o bien porque hay una asignatura que se llama así y hay que aprobar a través de exámenes?

Los jóvenes en la universidad ¿tienen ganas de desarrollarse  como personas a través de los estudios elegidos o solo de encontrar un trabajo que les permita vivir lo mejor posible?

Los políticos en las administraciones ¿quieren realmente dar un servicio a la gente o servirse del sistema para su propio beneficio?

Me temo que mucha gente hace las cosas para obtener algo a cambio. Es la sociedad perversa.

Estudiamos para aprobar los exámenes, trabajamos para ganar dinero y vivimos para lucir lo que conseguimos.

Los humanos a menudo somos seres desconectados y poco auténticos. No sabemos apreciar una puesta de sol si no la podemos convertir en dinero o en algo que enseñar a los demás como si fuera un mérito nuestro.

Al final nos centramos, como decía Fromm, mucho más en el tener que en el ser, y esto nos lleva a la neurosis continuada.

Es difícil desarrollar nuestra inteligencia creativa cuando hacemos las cosas sin pasión auténtica.

Algunas empresas llegan hasta el extremo de creer que las personas vivimos única y exclusivamente pendientes del dinero y establece un sistema de incentivos basado en la recompensa externa.

Se equivocan gravemente. El dinero y los incentivos son importantes, pero la motivación interna lo es mucho más.

Hay empresas que, desgraciadamente, piensan que serán más innovadores si pagan a la gente para ser más creativa.

Y centran todo su esfuerzo en ello, consiguiendo el mayor de los fracasos.

Los humanos no estamos aquí solo para ganar dinero. Queremos vaciarnos, crecer, hacer cosas grandes.

Queremos amar y ser amados. Queremos tener la sensación de que hacemos las cosas por pura voluntad, por puras ganas, y no porque alguien nos ofrece ganar mucho dinero.

Es la motivación intrínseca de la que habla Daniel Pink ( La sorprendente verdad sobre lo que nos motiva, de Daniel Pink, Planeta. Barcelona, 2010).

Nos hemos equivocado totalmente y hemos construido un mundo que es más un simulacro que otra cosas, como decía el insigne sociólogo francés Jean Baudrillard.

Un mundo donde la pornografía es más real que el sexo, donde la publicidad es más real que la realidad. Un mundo perverso.

Hay que encontrar caminos, y la creatividad es uno, que nos conecten de nuevo con nuestras pasiones internas.

Quizás no llegaremos del todo al final de este camino, pero al menos nos adentraremos en el bosque de nuestras ilusiones.

Como diría José Antonio Marina, una estrategia de inteligencia que no nos hace más felices y buenas personas es probablemente una estrategia idiota.

SENTIDO, OBJETIVO, RECONOCIMIENTO, IDENTIDAD, AUTONOMIA

SORIA

Un maestro budista, Oriol Pujol Borotau, nos enseña muchas cosas que se pueden aplicar perfectamente a la creatividad y la innovación.

Una de ellas es que, en la vida, hay que procurar hacer las cosas con ilusión y no por obligación.

Es una frase sencilla, pero sabemos nos es tan fácil de aplicar.

A veces, atraídos por el ansia de poseer bienes materiales, acabamos haciendo cosas que no nos gustan todo.

Y entonces desnaturalizamos nuestro verdadero ser. Nos convertimos en unos mercenarios que hacen cosas por dinero, fama o ansia de poder sobre los demás.

Pero ninguna de estas tres cosas procura automáticamente la felicidad.

Oriol Pujol nos enseñó también que “ la vida es un misterio a vivir, no un problema a resolver”

Efectivamente, nos afanamos en hacer de las cosas un problema cuando, muchas veces, lo único que hay que hacer es aprender a mirar la realidad como si fuera un gran misterio,

Queremos respuestas a nuestras preguntas, pero a veces no las hay. La mejor respuesta a muchas preguntas es la fascinación que provoca la ausencia de una respuesta clara y contundente.

En creatividad, este aspecto es clave. Debemos preguntarnos constantemente cosas, las respuestas ya vendrá…o no.

Pero el camino que de verdad importa es vivir la vida con alegría y con la convicción de que los misterios más profundos seguramente no podrán ser desvelados nunca.

Noche de estrellas;

¡oh, qué grande es el cielo!

¡qué inalcanzable!

 

Un astrónomo mira y estudia las estrellas,

El poeta mira y admira las estrellas,

Yo miro las mismas estrellas, son las mismas…

Depende de ti como y lo que hacer con las mismas condiciones.

 

Autor desconocido…o no.

“O conceito de desvio no pensamento sociológico de Becker e sua contribuição para uma releitura crítica da culpabilidade na teoria finalista de Hans Welzel “

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O conceito de desvio no pensamento sociológico de Becker e sua contribuição para uma releitura crítica da culpabilidade na teoria finalista de Hans Welzel

Leandro Oliveira Silva

Professor de Direito Penal e Criminologia da Faculdade de Direito da UFJF
Resumo:
Passando por algumas das principais Escolas do Pensamento Criminológico, chega-se à análise do conceito de desvio no pensamento sociológico de Howard Saul Becker[1], na linha do Interacionismo Simbólico, com o objetivo de mostrar em que medida este conceito de desvio pode contribuir para uma releitura crítica do conceito de culpabilidade, especificamente no que diz respeito às categorias do livre arbítrio e do poder agir de outro modo (exigibilidade de conduta diversa), elaboradas no bojo da teoria do crime desenvolvida por Hans Welzel[2] (Teoria Finalista da Ação), no início da década de 30 do século XX, e que, nos dias atuais, são fortemente utilizadas em sede dos julgamentos criminais no Brasil.
Palavras-chave:
Desvio – Desvio Primário e Secundário – Reação Social – Rotulação – Culpabilidade – Exigibilidade de Conduta Diversa – Poder Agir de Outro Modo – Finalismo – Indemonstrabilidade – Legitimidade – Livre Arbítrio. Criminologia.
1- ESCOLAS DO PENSAMENTO CRIMINOLÓGICO:
O pensamento criminológico, de viés marcadamente biológico e psicológico, centrado em fatores individuais, construído no âmbito da Escola Positiva por pensadores italianos como LOMBROSO[3], FERRI[4] e GAROFALO[5], já está, há muito, superado. Tal Escola nasce no florescer crescente das ciências da natureza (segunda metade do século XIX), caracterizada pelo método positivo (Positivismo Científico), cuja influência levou muitos pensadores a pretenderam uma adequação das investigações dos problemas sociais a paradigmas do método científico então reinante, marcado pela técnica do observar, descrever e demonstrar (empirismo). Pretendeu-se, assim, dar explicação à criminalidade (o crime e o homem criminoso) a partir de tais parâmetros de investigação, imprimindo às investigações e interpretações dados biopsicológicos. Lombroso desenvolveu a idéia do tipo antropológico do criminoso (genus homo delinquens – delinqüente nato), defendendo a tese de que há, no delinqüente nato, uma predisposição natural e inata, formada por caracteres biopsicológicos do indivíduo que o fazem um agente em potencial para o cometimento de crimes. No fulcro aberto por aquela predisposição natural, as circunstâncias da vida (o mundo circundante) darão conta de ativar, de forma definitiva, a personalidade criminosa, favorecendo a manifestação de uma vida de delinquência. Por outro lado, Ferri amplia os horizontes traçados por Lombroso, na medida em que aponta três fatores do crime – antropológicos, físicos e sociais –, compreendendo que as condições sociais e econômicas são importantes fatores criminógenos. Para Garofalo (apud BRUNO, 2003, p. 65), o crime “está sempre no indivíduo e é a revelação de uma natureza degenerada, quaisquer que sejam as causas, antigas ou recentes, dessa degeneração”. Prossegue o autor, afirmando que “o fundo do caráter criminoso é uma anomalia psíquica, uma anomalia moral” (Ibid, p. 65). Para ele, não se tratava de uma anomalia física, orgânica, segundo a visão esposada por Lombroso. Enfim, o arcabouço teórico da Criminologia Positivista centra-se na Etiologia, ou seja, na busca pelas causas do crime através da análise de fatores antropológicos, físicos, biológicos e sociais.
Hodiernamente, num salto qualitativo, a sociologia norte-americana, um dos maiores celeiros das mais importantes teorias sociológicas, percebe a criminalidade, em linhas gerais, como uma reação dentro de uma estrutura social. A busca investigativa não está mais focada na Etiologia Criminal, mas, especialmente a partir de Becker, houve uma mudança de paradigma, de modo a focar a investigação no controle e reação social formal, na reação social em relação ao crime e ao criminoso. A seguir destacam-se, numa breve passagem, as mais importantes escolas do pensamento criminológico marcadas por uma abordagem sociológica do fenômeno da criminalidade.
A Escola de Chicago (1920), também chamada de Escola Ecológica, identifica uma sociologia urbana, cujo ponto fundamental consiste em mostrar que o comportamento humano é delineado por fatores ambientais; tem por cenário e laboratório a cidade norte-americana de Chicago, que sofrera um crescimento desorganizado com o seu processo de industrialização, inclusive com a chegada de imigrantes asiáticos, fazendo-a experimentar as mazelas deste crescimento desordenado, tais como a pobreza, a violência e a formação dos ghettos[6]. Na visão da Escola de Chicago, a Sociologia deveria apontar soluções para os problemas da cidade de Chicago, valendo-se de uma pesquisa participante (Observação Participante)[7], pela qual o pesquisador faz uma imersão na realidade, participando diretamente do objeto de sua investigação.
Na linha de pensamento daquela Escola, destacam-se, na Teoria da Desorganização Social (Social Disorganization Theory), autores como Willian Thomas[8], Florian Znaniecki[9] e Robert Park[10] (TRAUB & LITTLE, 1994, p. 56-63). A Teoria da Desorganização Social, de Thomas e Znaniecki (1918), sustenta que a criminalidade está relacionada ao desfazimento dos vínculos de origem e à debilidade dos novos vínculos organizacionais criados (falta de referenciais), especialmente quando se refere aos imigrantes poloneses lançados no mundo da criminalidade. O objeto da pesquisa estava centrado na análise da (des)organização do espaço urbano e a criminalidade. Assim, a cidade, esse ambiente ecológico, produz, por sua desorganização, a criminalidade, com a deterioração das relações interpessoais e da família, com a perda de referenciais e a superpopulação.
Ainda na Escola de Chicago, Ernest Burgess[11], com a Teoria das Zonas Concêntricas, mostra que as cidades não crescem dentro de seus limites, mas se expandem a partir de seu centro e formam zonas, como as ondas que se formam ao se jogar uma pedra numa lagoa. As pessoas distribuem-se nessas zonas concêntricas, destacando-se a “Zona II” (Ibid, p. 65), em que localizam-se os cortiços, a gente pobre, a mão de obra para as indústrias, bancos e comércios, lugar onde não há laços de solidariedade, há muitos conflitos; para esta Zona II é que se dirigem os imigrantes.
Enfim, a Teoria Ecológica da Criminalidade (Escola de Chicago) vê uma importância etiológica no fator ambiental diante da nova engenharia das cidades, a nova geografia urbana, com a formação de centros e periferias, ambiente propício à patologia social, à marginalização, discriminação e rejeição, ingredientes suficientes para promover a “invisibilidade social” das pessoas. Tal teoria supera a visão etiológica da delinqüência do positivismo italiano (Lombroso, Ferri e Garofalo), inaugura um novo paradigma reformista, apontando para a necessidade de uma política criminal voltada para a comunidade local através de políticas sociais que deveriam reconstruir a solidariedade humana na cidade (urbi, city).
Com especial importância, surge a Teoria da Associação Diferencial – Theory of Differential Association – (TRAUB & LITTLE, 1994, p. 188-195), de Edwin Sutherland[12], fortemente influenciada pela Escola de Chicago, segundo a qual a criminalidade decorre da associação e interação com o meio no qual o indivíduo foi inserido, dele recebendo influxos para a delinqüência. Assim, a criminalidade é social e não antissocial. Para Sutherland, a associação diferencial é um processo através do qual os indivíduos aprendem, via comunicação e convivência social, a cometer crimes, inclusive aqueles tipos criminais que requerem um certo de grau de habilidade e conhecimento; salienta que esse processo não é exclusivo de pessoas de classes sociais mais baixas, envolvendo não somente a formação de gangues, mas também a atuação de grupos empresariais para o cometimento de infrações ligadas às fraudes fiscais, manipulação de informações privilegiadas no mercado de capitais.
Destaca-se ainda a Teoria da Anomia, inspirada pelas obras clássicas de Emile Dürkheim e desenvolvida por Robert Merton[13] (MERTON, 1970, p. 191-234). O autor chama a atenção para a existência de “espaços anômicos” na sociedade, o que leva os indivíduos a perderem as referências normativas, criando, assim, uma sociedade cada vez menos solidária; ocorre um desequilíbrio entre as necessidades e os meios de satisfação destas necessidades, desbordando-se para o crime, como forma de alcançar a realização de tais necessidades. Na análise da estrutura social e anomia, Merton aponta uma distância que se torna cada vez mais abissal entre, de um lado, a estrutura cultural (aquilo que a sociedade diz ser importante para realização, felicidade e bem estar e os meio legítimos e institucionalizados para alcançar tal estado de bem estar) e, de outro lado, a estrutura social (as reais possibilidades e chances de acesso aos meios pelos quais se poderia alcançar o referido estado de bem estar). Deste descompasso e abismo, surgem as formas individuais de adaptação ante a escassez dos meios apregoados como legítimos, ou seja, os indivíduos procuram encontrar meios (modos de adaptação) para alcançar os objetivos ou metas fixados culturalmente pela sociedade. Merton elenca cinco modos de adaptação – conformidade, inovação, ritualismo, evasão e rebelião –, mostrando o grau de aceitação ou rejeição por parte dos indivíduos dos meios legítimos e institucionalizados para atingir as metas; na medida em que há uma maior rejeição aos meios legítimos, maior o desvio e, por conseqüência, a anomia (MERTON, 1970, p. 213-230). Na Conformidade, o indivíduo aceita as metas culturais e os meios institucionalizados para alcançá-las, sem apresentar nenhum comportamento desviante. É um indivíduo que faz uma “carreira correta” (estudar, trabalhar, adquirir o bem estar). Na Inovação, o indivíduo adere às metas culturais, mas não o faz em relação aos meios institucionalizados, rompendo com o sistema e tornando-se um desviante na busca das metas culturalmente estabelecidas pela sociedade. No Ritualismo, o indivíduo não aprecia as metas culturais estabelecidas, acredita que nunca as alcançará, mas ritualmente respeita os meios institucionalizados para uma eventual tentativa de buscá-las. Na Evasão, a anomia é sobremodo evidente, encontrando-se neste modo de adaptação os párias da sociedade (mendigos, drogados, alcoólatras, prostitutas), pois não aceitam as metas culturais estabelecidas, nem os meios institucionalizados, nem as normas sociais, figurando como verdadeiros desviantes. Na Rebelião, há uma revolta contra as metas culturais fixadas, encaradas como insuficientes, inadequadas, ilegítimas, buscando-se a instauração de uma nova ordem social. O desvio e o desviante estão marcantemente presentes nos modos de Inovação e Evasão. Portanto, a Anomia consiste nisso: como não é possível atingir as metas culturais através dos meios tidos como legítimos pela sociedade, lança-se mão de recursos que desrespeitam as regras de comportamento socialmente aceitas, daí o comportamento desviante (o desvio), sobre o qual Becker discorrerá mais adiante.
A Teoria do Labelling Approach (Etiquetamento, Rotulação, Interacionismo Simbólico, Reação Social – 1960/1970) tem como paradigma reitor a reação social, conduzida pela política de controle formal, ao comportamento do indivíduo que comete o crime. Nesta linha do pensamento criminológico, destacam-se Erving Goffman[14], embora crítico em muitos aspectos da Labelling Approach, e o já citado Howard S. Becker. O fenômeno da criminalidade deve ser visto a partir da reação social formal: as instâncias formais do controle social, num processo altamente seletivo, especialmente no plano da criminalização secundária (atuação das agências oficiais de poder, tais como o Judiciário, o Ministério Público, a Polícia investigativa e repressiva), etiquetam, rotulam a figura do desviante. Nessa ambientação, aquele que comete um crime não se define por si mesmo, mas o delinqüente é aquilo que a reação social diz ser, etiquetando-o como um perigoso, ignóbil, estorvo ou nocivo. Para a teoria do Labelling Approach, o controle social formal, através de suas várias agências de poder, cria o desvio e o desviante. Neste processo de etiquetamento atuam fortemente os chamados empresários morais, especialmente a mídia. As agências de poder e os empresários morais, nesse processo criminalizante, focam a massa de marginalizados (pobres, negros, menores de rua – os pivetes –, prostitutas e outros desviantes) e a obra tosca da criminalidade, ou seja, crimes de fácil detecção, pois cometidos na rua, nos bailes populares, nas periferias, crimes burdos ou toscos.
Para Edwin M. Lemert (In TRAUB & LITTLE, 1994, p. 298-303), o desvio pode ser visto sob dois aspectos, o primário e o secundário. Sob o aspecto primário, o desvio se dá com a primeira ação delitiva do indivíduo (o primeiro delito), cuja realização pode ter se dado por qualquer necessidade pessoal; já o desvio sob o aspecto secundário se refere à inserção no mundo criminoso, com a reincidência delitiva, o que se dá a partir dos influxos da rotulação ou etiquetagem, ou seja, o indivíduo, depois de ter cometido o primeiro delito, é alocado num lugar tal em que passa a adquirir um novo status irremediável, o de desviante.
2- O CONCEITO DE DESVIO EM BECKER:
O conceito de desvio em Becker assume contornos diferenciados, possibilitando uma visão crítica da atuação das instâncias de poder ao reagirem ao fenômeno criminoso. O pensamento criminológico de Becker desperta indagações importantes sobre o que é o desvio e quem é o desviante; possibilita, enfim, entender melhor o que faz de um indivíduo um ser desviante; permite, em última análise, entender que o desviante é um produto elaborado a partir de algo (ou alguém) e não uma categoria que possui vida em si mesma, que existe sobre si mesma.
Nesta esteira de pensamento, pode-se dizer que as regras socialmente impostas produzem o desvio, que, por sua vez, produz o outsider. O outsider é a figura daquele que, por algum motivo – e não importa qual – se coloca fora do regramento socialmente arbitrado, apartando-se, então, de determinados padrões criados a partir deste regramento social.
Como dito alhures, anteriormente a Becker o foco da investigação sociológica sobre o crime estava na Etiologia do crime, ou seja, na busca de suas causas; as causas, por seu turno, se concentravam ora na sociedade, ora naquilo que se definia como desvio. Nesta perspectiva investigatória, que se dava a partir de padrões socialmente estabelecidos, o problema sempre estava com o desviante, ou seja, nele é que sempre havia algo de errado, que o fazia colocar-se fora do regramento imposto. Partia-se, então, do pressuposto de que o catálogo de regras e valores sociais estava certo, verdadeira corporificação do bem, imune às críticas. Assim, as indagações norteadoras das pesquisas destinavam-se tão somente aos desviantes, tais como: Por que as pessoas desviam das regras impostas? O que há de errado nelas, que as fazem desviar? Não se dava conta de questionar a estrutura social e suas incongruências e reações, mas, a partir de Becker, a investigação concentra-se na reação social (rotulação, etiquetamento) em relação ao cometimento de um ato criminoso.
A noção de desvio está ligada a comportamentos sobre os quais não há uma norma moral geral ou universal – o homicídio, por exemplo, não se enquadra no conceito de desvio, pois há uma moral universal de que é algo que deve ser punido –.
Enfim, o que vem a ser o desvio? O desvio é a sua própria interpretação. Nas palavras de Erving Goffman (apud BECKER, 2008, p. 13), aquilo que é interpretado como real é real. Assim, é condição do desvio a interpretação que se faz dele; o desvio é o que se diz ser desvio; desviante é o que se afirma ser desviante. Tal interpretação se realiza a partir de determinados padrões de comportamento socialmente fixados.
A idéia de desvio é relativa e possui duas facetas: o processamento criminalizante atua sobre os indivíduos etiquetados ou rotulados; os detentores do poder de julgar, a partir do conjunto de regras previamente imposto, vêem o desviante como um outsider, mas, por outro lado, o dito outsider vê os seus próprios julgadores como os verdadeiros outsiders. A intensidade com que alguém é considerado um outsider é igualmente relativa. Afinal, todos são desviantes. Alguns tipos de desvios, a que se denomina deslizes, são tolerados, de um modo geral, por todos; outros tipos de desvios são vistos com repugnância, pois os seus autores fogem, ou se colocam fora, de um padrão, conduta ou estilo de vida socialmente fixado. Os que se aproximam de nós, os consideramos como aqueles que cometem deslizes, os que se distanciam de nós, os consideramos como os verdadeiros desviantes, merecedores do enquadramento penal e da inflição punitiva.
O controle social se dá através de diferentes instâncias, sejam informais ou formais, cada uma com suas respectivas regras e sanções; aquelas se dão no âmbito das mais variadas relações sociais, como família, escola, religião, comunidades (e suas tradições); impõem-se por força da tradição, não menos imperativas e sancionadoras do que as últimas; e estas últimas, as formais, se dão no âmbito do poder constituído por força da Lei[15]. São estas instâncias do controle social que forjam o conceito de desvio, a partir da reação ao delinqüente.
O regramento imposto, seja ele formal ou informal, resulta da tarefa incumbida a um “corpo especializado” (BECKER, 2008, p. 16). No âmbito específico do Sistema de Justiça Criminal, observam-se dois momentos distintos de atuação das chamadas instâncias formais do controle social: a criminalização primária (elaboração do programa criminalizante primário, com a definição dos crimes e suas respectivas sanções penais através da atuação do legislador) e a criminalização secundária (a concretização do programa criminalizante primário, na medida em que atuam as instâncias oficiais do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Polícia, dos Conselhos Tutelares, do Sistema Penitenciário, para adultos, e do Sistema Sócio-Educativo (Correcional) para crianças e adolescentes infratores.
A concepção de desvio pode ser puramente estatística; pode assumir ainda uma variação patológica, mas o que tem importância aqui é a concepção sociológica do desvio, pela qual se conhecem o desvio e o desviante a partir das regras socialmente impostas e da reação social à figura daquele que se tornou um desviante. Como foi dito no início deste tópico, o desvio e o desviante são um produto elaborado a partir de algo (ou alguém) e não uma categoria que possui vida em si mesma, que existe sobre si mesma.
Aqui está a pedra de toque da concepção sociológica do desvio: se o desvio e o desviante são o produto das regras socialmente impostas e das reações sociais ao desviante, logo, o que merece, em primeiro tempo, uma investigação atenta da Sociologia e da Criminologia, é a própria Sociedade e suas Instituições. Assim, a Lei cria a infração; quanto mais leis, mais infrações; quanto mais infrações, mais outsiders, sobretudo, quando as regras se imiscuem na seara da ética e da moral. Os outsiders são gerados comumente no processo de criminalização da pobreza, da arte de rua, dos moradores de rua, dos movimentos sociais, daqueles que assumem um estilo de vida e conduta diferente dos padrões socialmente estabelecidos. A sociedade e suas Instituições bitolam a figura do desvio e do desviante, cria os seus milhares de outsiders.
Portanto, a Lei (o Sistema Legal) cria o desvio. Este não é qualificativo do ato de quem infringe a regra. Aquele que desvia (desvio primário) ganha um rótulo de desviante e isso produz um discurso, com grave equívoco, de que o desvio é inerente ao ato desviante, de que ele, o desviante, é quem perversamente gera o desvio. O desvio é um produto da Lei e que se vincula ao indivíduo por meio da rotulação social de desviante. O desvio é, em última análise, um rótulo gerado pela Lei e imposto àquele que, por algum motivo, se coloca fora dela (outsider).
As pessoas rotuladas de desviantes não compreendem uma “categoria homogênea” (BECKER, 2008, p. 22), seja porque nem todos os ditos desviantes de fato infringiram uma regra, seja porque nem todos foram apanhados pelo sistema, ou seja, há uma cifra oculta que não entra na análise. Portanto, não há homogeneidade. É uma categoria cientificamente insegura para a pesquisa.
Como afirma Becker, o desvio não é uma qualidade simples, que pode ser tomada sem reservas, com apanágios de verdade, mas é o resultado de um processo que envolve regras impostas, reações sociais (rótulos) àqueles que as infringem. Não é um dado ontológico, mas um dado sociológico:
O desvio não é uma qualidade simples, presente em alguns tipos de comportamento e ausente em outros. É antes o produto de um processo que envolve reações de outras pessoas ao comportamento. (BECKER, 2008, p. 26)
A idéia de desvio é também relativizada no tempo e no espaço, de modo que uma conduta pode ser entendida como desvio em um lugar, e em outro não; em um tempo, e em outro tempo não. É relativa também quanto a quem a comete: se cometida por alguém pode ser desvio, mas se cometida por outra pessoa, pode não ser desvio.
Assim, o desvio não é também qualquer violação à regra imposta, não se tratando do confronto meramente formal entre o que se prescreve em um dado modelo de conduta e a conduta materialmente ocorrida no mundo dos fatos; desvio não é sinônimo de violação de regra; trata-se, em verdade, de algo mais refinado: desvio e desviante são o produto das reações que outros têm sobre determinada conduta violadora das regras impostas. Então, desvio é a reação e não propriamente o ato, em si mesmo considerado, de violar uma regra. Portanto, pode-se afirmar que todos infringem regras, de um modo ou de outro, com maior ou menor intensidade, mas nem todos são desviantes.
A rotulação de desviante acaba transpondo os limites do cometimento do ato violador da regra, de forma que o desviante passa a ser encarado como tal e, por conseguinte, indesejável em muitos aspectos de sua vida social, inclusive relativamente a searas que não guardam nenhuma vinculação com o desvio propriamente: será sempre encarado como um criminoso em potencial, como um “violador das regras”; sempre terá dificuldade de aceitação pela sociedade, especialmente no mercado de trabalho, o que gerará a marginalização.
A reação das pessoas, que constrói a figura do desviante, gera o desvio quase que como um estilo de vida ao qual deve submeter-se o desviante. Aquele que se desviou não encontra na sociedade, especialmente no mercado de trabalho, “linhas alternativas de ação”, tendo, como única alternativa, enveredar pela criminalidade, inclusive para garantir a sua sobrevivência. Vê-se, então, que a reação gera o desvio, a partir do cometimento de um ato violador da regra, mas o desvio se perpetua vida afora, colocando o indivíduo num “círculo desviante” (BECKER, 2008, p. 45-47), do qual é muito difícil sair. Portanto, basta o desvio primário para ser sempre um desviante.
3- O CONCEITO DE CULPABILIDADE EM WELZEL:
No início da década de 30 do século XX, Hans Welzel, com base em dados ontológicos, constrói sua teoria do crime, que veio a ser conhecida como “Teoria Finalista de Ação” ou “Finalismo”.
A Teoria Finalista da Ação construiu-se sobre uma base ontológica, libertando-se do conceito causal-mecânico de ação construído no bojo da Teoria Causalista por Franz Von Liszt[16] e Beling[17] – esta última teoria guiou-se pelo método científico próprio das Ciências da Natureza (Positivismo Científico do início do século XX). Hans Welzel afirma:
As condições da possibilidade da experiência são ao mesmo tempo condições da possibilidade dos objetos da experiência. Disso se deduz que as categorias do conhecimento são também categorias do ser, isto é, que não são apenas categorias gnoseológicas, mas (de modo primário) categorias ontológicas. (WELZEL, 2001, p. 13)
Não se cuida, neste trabalho, de analisar o conceito de ação desenvolvido por Welzel, de modo a refletir sobre as categorias ontológicas que o compõem. A preocupação foca-se na culpabilidade; relativamente à ação, basta dizer por ora que, enquanto categoria ontológica, é o exercício de uma atividade final; é, portanto, um acontecimento dirigido voluntária e finalisticamente e não puramente causal-mecânico; a finalidade, pondera Welzel, é vidente, enquanto a causalidade é cega; assim, não há ação se não for uma trajetória voluntária e finalisticamente dirigida. O homem, detentor do conhecimento dos processos causais ordinários e de suas possíveis conseqüências, designa-lhes a finalidade. Sem a vontade, a ação reduzir-se-ia a um processo causal cego. Assim, a vontade e o seu conteúdo (dolo e culpa) não se separam da ação; a vontade é reitora do acontecer causal; toda ação é provida deste dado finalístico, e sobre esta base ontológica incide a finalidade. Atrelar a vontade à ação significa emprestar a esta um caráter ou sentido social que a torna penalmente relevante, podendo-se falar, então, em desvalor da ação. Na medida em que se empresta sentido finalístico à ação, pode-se falar em ação injusta, em tipo de ação injusto. Atribuir o elemento finalístico à ação significa poder atribuir-lhe a noção do injusto, pois, se a ação se reduzisse apenas a um processo causal mecânico, não se poderia falar em ação socialmente injusta.
É exatamente sobre a ação socialmente injusta e finalisticamente dirigida, contrária ao ordenamento jurídico posto, que incidirá o juízo de censurabilidade ou reprovabilidade. Trata-se da “reprovabilidade da resolução de vontade”; esse juízo de reprovabilidade é “uma qualidade negativa própria da ação do autor”. (WELZEL, 2001, p. 88-89). É, portanto, uma reprovabilidade pessoal em função do cometimento de uma conduta socialmente injusta. Tal juízo é o que Welzel chama de culpabilidade. Concebe-se a culpabilidade como um juízo de censura ou reprovação que, a partir de critérios normativos (valorativos), seria feito pelo julgador sobre a conduta socialmente injusta, finalisticamente dirigida. Para tal juízo de censurabilidade, o julgador guiar-se-ia por três critérios fundamentais: 1) a imputabilidade; 2) a potencial consciência da ilicitude e 3) a exigibilidade de conduta diversa, ou o poder agir de outro modo. Enfim, ao julgador caberia responder a seguinte indagação: o indivíduo que cometera um tipo de conduta socialmente injusto deve ser reprovado pelo seu cometimento? Guiado pelos três critérios de julgamento anteriormente mencionados, e respondendo positivamente a todos, o julgador conclui que o indivíduo que cometera um fato típico e ilícito (o tipo socialmente injusto) deve ser reprovado por tal cometimento e, portanto, realizara um crime, ou seja, um fato típico, ilícito e culpável. É a teoria tripartite do crime de Hans Welzel.
O que se pretende minudenciar aqui é a culpabilidade, especificamente no tange aos seus pressupostos existenciais e o significado do terceiro elemento que serve de baliza para sua aferição: a “exigibilidade de conduta diversa” ou, sinonimamente, o “poder agir de outro modo”. O que vem a ser esta categoria? Qual a sua abrangência? Sobre quais bases ela se constrói?
Segundo Welzel, um dos pressupostos existenciais da culpabilidade (reprovabilidade) é o fato de que o homem, avaliado numa determinada situação concreta, tenha podido agir de outro modo, conforme o ordenamento jurídico. Tal afirmativa remete, necessariamente, ao problema do livre arbítrio, ou seja, de uma livre resolução de vontade. E o próprio Welzel, partindo de uma visão antropológica, afirma:
O homem é um ser responsável, ou, mais precisamente, um ser com disposição à responsabilidade; esse é o critério decisivo, que o separa existencialmente (como homo phänomenon) e não apenas normativamente (como homo noumenon) de todo o mundo animal. Ao homem não é dada biologicamente a ordem de sua existência, como ao animal; esta lhe está confiada responsavelmente como missão, como um fim vinculante da vida. (WELZEL, 2001, p. 95)
A fundamentação teórica do autor consiste em admitir que o homem, diferentemente dos animais, possui o privilégio de romper com sua vontade, autodeterminando; noutras palavras, é senhor de suas decisões, e a ele está confiada a realização de seu destino.
A culpabilidade, então, é a falta desta livre autodeterminação em um sujeito capaz de autodeterminar. A culpabilidade, destaca WELZEL (2001, p. 101) “não significa livre decisão em favor do mal, mas ficar preso pela coação causal dos impulsos, sendo o sujeito capaz de autodeterminação conforme os fins”. O autor, na análise do problema da liberdade, aponta para uma relação entre o Direito Penal e a Criminologia, ao afirmar, citando Sauer[18], que o delito é “um produto de fatores causais e a suposição e inclusive a indicação da porcentagem com que a vontade livre do autor tenha participado, junto à disposição e ao mundo circundante, da gênese do delito”.
Welzel, partindo de uma base antropológica, afirma que o homem, como ser responsável, tem condições de determinar-se conforme os fins e conduzir a dependência dos impulsos causais; define a culpabilidade como reprovabilidade na medida em que significa a falta de uma decisão conforme a finalidade em um sujeito responsável.
Todavia, Welzel vislumbra um problema em admitir a autodeterminação como um juízo geral, feito abstratamente. Admite a necessidade de aferição empírico-prática desta autodeterminação em relação a um indivíduo colocado numa situação concreta e individual. Para ele, trata-se de um juízo existencial, individual e não geral e abstrato.
Em decorrência disso, Welzel esbarra em um grave problema: aquela aferição empírica da exigibilidade de conduta diversa não é suscetível de percepção, sobretudo por terceiras pessoas, especialmente quando se refere à consciência que cada um tem acerca de sua própria capacidade de autodeterminação. Aqui está o nó inquebrantável, pois, como objetivar criteriosamente aquilo que é, em regra, subjetivo?
Assim o autor compreende que o juízo de reprovabilidade é uma operação de “caráter comunicativo”, ou seja, quando o julgador elabora o seu juízo sobre a conduta de um indivíduo, o faz de modo a reconhecer o outro “como a si mesmo, como um igual, como suscetível de determinação plena de sentido e por isso tão sujeito responsável como aquele que o julga” (WELZEL, p.103).
Mas, é muito importante deixar claro que este raciocínio de Welzel teve por objetivo pré-excluir do juízo de culpabilidade os doentes mentais e os menores de idade – estes, para ele, são os não iguais; no mais, todos nos igualamos –. Desta forma, a capacidade de autodeterminação seria aferida a partir de critérios ou padrões sociais que colocavam o julgador e o acusado em patamares de igualdade, seres humanos igualmente livres, apenas excluindo-se previamente os doentes mentais e os menores de idade. O julgador parte de um pressuposto ontológico: julga-se um igual.
Essa noção de capacidade de autodeterminação está, ainda hoje, presente no ordenamento jurídico-penal brasileiro, tendo sido utilizada, como critério obrigatório, para a construção processual do juízo de culpabilidade, na prolação da sentença. O Código Penal Brasileiro, em seus artigos 26[19] e 27[20], consagra exatamente a noção de capacidade de culpabilidade (imputabilidade) desenvolvida por Welzel, ou seja, aquele que possui a livre autodeterminação (excluindo-se os doentes mentais e os menores de idade) é capaz de suportar o juízo de reprovabilidade, de quem se pode exigir um comportamento conforme o ordenamento jurídico. Este é um conceito arbitrariamente dado.
Definido conceito de capacidade de livre autodeterminação (capacidade de culpabilidade ou imputabilidade), tomando-se por pressuposto ontológico o fato de que sempre se julga um igual, passa-se à exigibilidade de conduta diversa (o poder agir de outro modo). Noutras palavras: é possível exigir deste homem igual outro comportamento diferente daquele praticado por ele?
A exigibilidade de conduta diversa (o poder agir de outro modo) define-se quando o agente, em uma dada situação concreta, podia tomar uma decisão diferente daquela que ele acabou tomando. Como se pode ver, não se trata de capacidade geral de decisão, como se dá na idéia ontológica de imputabilidade (capacidade de ser culpável), mas se trata da possibilidade concreta de o agente, capaz de livre autodeterminação, tomar uma decisão diversa daquela que, efetivamente, tomara. Welzel destaca que há situações excepcionais, legalmente previstas, em que não é possível tal exigibilidade, mas sentencia: “o Direito deve limitar bastante, sem dúvida, essas situações, no interesse da vigência de suas normas” (WELZEL, p. 138).
Enfim, o que merece um olhar crítico é o fato de que tanto a capacidade de livre autodeterminação, quanto a exigibilidade de conduta diversa são categorias arbitrariamente fixadas a partir de padrões socialmente dominantes. A inconsistência da exigibilidade de conduta diversa (poder agir de outro modo) se dá, como ressalta SANTOS (2000, p. 210), na medida em que a capacidade de livre decisão assume como verdade a hipótese indemonstrável da liberdade vontade. Tal indemonstrabilidade existe a partir do momento em que, em nenhum julgamento, é possível retroceder no tempo, repetindo-se o evento criminoso, para avaliar a possibilidade real do agir de outro modo; também não se volta no tempo para perguntar ao criminoso se havia ou não, do seu próprio ponto de vista (sua percepção da realidade) a possibilidade de agir de outro modo; por outro lado, do ponto de vista abstrato, esse poder agir de outro modo é sempre atribuído a outras pessoas no lugar do autor do fato (uma pessoa imaginária – um homem correto), cujo perfil é construído a partir de padrões socialmente dominantes e previamente fixados. Enfim, o poder agir de outro modo é algo dado, arbitrado por uma ordem institucionalizada.
4- CONCLUSÃO:
As categorias ontológicas da “livre autodeterminação” e da “exigibilidade de conduta diversa” construídas por Welzel são elementos institucionalmente admitidos hoje e que servem para desenhar, com reforço, o estereótipo do desviante. Este estereótipo constrói-se partir do seguinte raciocínio: todos são iguais, portanto, livres para fazerem suas próprias escolhas, balizando-as ou não conforme as regras fixadas no ordenamento jurídico; aqueles que, não sendo doentes mentais ou menores de idade, infringem tais regras, são desviantes e merecem o juízo de reprovabilidade.
A figura do desviante é cada vez mais reforçada a partir daquelas duas categorias (livre autodeterminação e exigibilidade de conduta diversa) forjadas a partir de padrões socialmente fixados. Os julgadores que, em regra, são recrutados de camadas sociais mais favorecidas economicamente, fazem um juízo de censura a partir de um padrão de homem correto, com o qual eles, julgadores, se identificam moral e socialmente.
Pretendeu-se mostrar aqui que o conceito de culpabilidade elaborado por Hans Welzel – juízo de censura cujos substratos fundamentais são a livre autodeterminação e a exigibilidade de conduta diversa – não é um conceito despretensioso, mas reforça a figura do desviante nos moldes trabalhados por Howard S. Becker.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
BECKER, Howard S. Outsiders: estudos de sociologia do desvio. Tradução de Maria Luiza X. de Borges. Revisão técnica Karina Kuschnir. 1ª ed. – Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2008.
__________________. Uma Teoria da Ação Coletiva. Tradução de Márcia Bandeira de Mello Leite Nunes. Revisão técnica de Gilberto Velho – Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1977.
BRASIL, Código Penal Brasileiro. 8ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012.
BRUNO, Aníbal. Direito Penal, Parte Geral, Tomo I: introdução, norma penal e fato punível – Rio de Janeiro: Forense, 2003.
MERTON, Robert K. Sociologia: Teoria e Estrutura. Tradução de Miguel Maillet – São Paulo: Editora Mestre Jou, 1970, p. 191-234.
SANTOS, Juarez Cirino. A moderna teoria do fato punível – Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2000.
TRAUB, Stuart H. & LITTLE Craig B. Theories of deviance. 4ª ed. – Illinois, F. E. Peacock Publishers, 1994.
WELZEL, Hans. O novo sistema jurídico-penal: uma introdução à doutrina da ação finalista. Tradução de Luiz Regis Prado – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001.
[1] Howard Saul Becker (1928), sociólogo americano, um dos principais expoentes da Escola de Chicago (EUA).
[2] Hans Welzel (1904-1977), jurista e filósofo do Direito Alemão.
[3] Cesare Lombroso (1836 – 1909), médico italiano, adepto, no campo da Criminologia, da Escola Positiva.
[4] Enrico Ferri (1856 – 1929), criminólogo italiano, da Escola Positiva.
[5] Rafael Garofalo (1851 – 1934), criminólogo italiano, da Escola Positiva.
[6] Ghetto: parte da cidade ocupada por grupos marginalizados por questões sociais, econômicas, raciais.
[7] Observação Participante: método de pesquisa científica em que o pesquisador precisa “estar lá” no local pesquisado, vivenciando-o cotidianamente.
[8] Willian Isaac Thomas (1863-1947), sociólogo americano.
[9] Florian Znaniecki (1882-1958), sociólogo polonês, mas ministrou estudos nos Estados Unidos.
[10] Robert Park (1864-1944), sociólogo americano. Atuou como jornalista nos Estados Unidos.
[11] Ernest Watson Burgess (1886 –1966), sociólogo americano.
[12] Edwin Sutherland (1883-1950), sociólogo americano.
[13] Robert King Merton (1910-2003), sociólogo americano.
[14] Erving Goffman (1922-1982), cientista social canadense.
[15] A expressão Lei é empregada aqui no sentido lato sensu, como Constituição, Conjunto de normas regente.
[16] Franz Von Liszt: (1851-1919), jurista e criminólogo alemão.
[17] Ernst Ludwig Von Beling (1866-1932), jurista alemão.
[18] John Francis William Sauer (1879-1962), jurista e criminólogo alemão.
[19] “Art. 26. É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.”
[20] “Art. 27. Os menores de 18 (dezoito) anos são plenamente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial.”